Revista Cal y Canto #9: Movimientos Sociales – Las luchas culturales y políticas de nuestro tiempo

Luego de dos procesos electorales altamente simbólicos –el plebiscito del 25 de octubre de 2020 y la elección de convencionales, el 16 de mayo de 2021- se puso en marcha institucionalmente el proceso constituyente, es decir, se inició en el Estado el debate y la elaboración de una nueva Constitución. Sin embargo, la historia es más larga y no tiene su origen en el Estado, sino en la sociedad civil, o más claramente en la movilización social que se inició con el Estallido Social del18 de octubre de 2019.

En Chile, esta distinción entre estado y sociedad es muy relevante, porque suele pensarse que todo lo importante es lo que ocurre en el Estado, o, que solo lo que ocurre en el Estado es lo definitivo. Según han sostenido algunos historiadores conservadores, el Estado “construye la sociedad”, por lo tanto, precede a la nación. Este predicamento subvalora o desestima al pueblo y los movimientos sociales, quienes en más de una ocasión han estado a la base de las grandes transformaciones sociales y políticas en Chile. Piénsese por ejemplo, en los Mítines del Hambre de 1918 y 1919, que precedieron a la crisis de los años veinte, que culminó con una nueva Constitución en 1925, o en las Huelgas ferroviarias de 1935 y 1936 que animaron la formación del Frente Popular, o más cerca en el tiempo, en las Protestas Nacionales de 1983-1986, que prepararon el terreno para el retorno a la democracia.

La coyuntura más reciente, se inició el 18 de octubre de 2019, y dio lugar a variados encuentros y deliberaciones populares y ciudadanas en Cabildos y Asambleas Territoriales en los que se comenzó a conversar sobre los cambios urgentes que el país requería: en el ámbito de las pensiones, la educación, la salud, el reconocimiento de los pueblos originarios, el feminismo y las relaciones de género, la protección del medio ambiente, la renacionalización de nuestras riquezas básicas, etc. Es decir, un conjunto de proposiciones que suponían transitar hacia una nueva Constitución Política del Estado, pero, a decir verdad, cuando se discutía sobre estos cambios, ya se estaban escribiendo contenidos fundamentales de la nueva Constitución.

La pandemia que nos visitó a partir de los primeros días de marzo de 2020, interrumpió el potente “proceso político” a que había dado lugar el Estallido social de octubre de 2019. El Estado de emergencia sanitario (con toque de queda incluido) más el temor a los contagios, inhibieron y desarticularon las movilizaciones sociales y el plebiscito en que se debía dirimir si aprobar o rechazar un cambio de Constitución, programado inicialmente para abril, se debió trasladar para octubre de 2020.

Aún en medio de todas esas dificultades, el apruebo del cambio de Constitución se impuso en prácticamente un 80% en contra de un 20% favorable al rechazo. El pueblo chileno dio un enorme paso, ya que se aprobó poner fin a la Constitución de Pinochet. Una aplastante victoria que, en las coordenadas del tiempo, abrió paso a una nueva etapa en la historia de Chile y las luchas populares. Simbólicamente, se podría sostener, que con ese resultado se cierra el ciclo de la dictadura y sus herencias y se abre un nuevo ciclo con inéditos desafíos para democratizar la sociedad chilena.

Luego de octubre de 2020 vino un largo camino para definir los candidatos que disputarían un lugar en la Convención Constitucional. Los resultados de estas elecciones que se realizaron el 15 y 16 de mayo de 2021 fueron francamente sorprendentes: ganó la Lista del Pueblo, y los independientes en conjunto sumaron más de la mitad de los convencionales; el Frente Amplio y el PC lograron poner convencionales, pero los partidos tradicionales (de centro y derecha) bajaron significativamente, al punto que algunos de ellos quedaron al borde del colapso; la derecha no alcanzó el tercio de los representantes que le garantizaba ejercer el derecho de veto en la Convención. El triunfo evidente de los independientes pareció indicar que lo que se impuso fue el sentimiento anti-partidos tradicionales o una suerte de anti política tradicional.

El 4 de julio de 2021 se instaló la Convención, en un acto pleno de simbolismo al elegir como su primera presidenta a Elisa Loncón, mujer y mapuche. La Convención Constitucional comenzaba entonces su tarea tendiente a elaborar una nueva Constitución para Chile y hoy nos encontramos próximos al tiempo de finalización de sus actividades y a la campaña del plebiscito de salida del apruebo o rechazo de la nueva Constitución, que debe celebrarse el 4 de septiembre de 2022.

Teniendo en cuenta que a la Convención se le fijó un tiempo limitado de funcionamiento, ésta debió enfrentar la cuestión de elaborar sus propios reglamentos, los que debían asegurar el ejercicio democrático de la deliberación y la toma de acuerdos. Aquí se instaló, al inicio con cierto énfasis, pero luego con más debilidad, la cuestión de la participación popular, lo que de alguna manera planteaba un problema más de fondo: ¿Hasta dónde alcanzaría el ejercicio de la soberanía popular? O, dicho de otra manera, la Convención podía dotarse de “reglamentos democráticos” para su propio funcionamiento y ejercer una suerte de soberanía por representación (ellos fueron elegidos por el pueblo para elaborar una nueva Constitución), sin necesidad de resolver eficientemente las formas de participación popular. Para ser justos, claro que el asunto se planteó y en términos prácticos se han ejercido diversas formas de participación social y popular, algunas sostenidas institucionalmente, como las audiencias públicas y las Iniciativas de Norma Popular, otras más informales por iniciativa de uno o más constituyentes. También se ha contemplado la idea de llamar a “plebiscitos dirimentes” en el caso que se produzcan desacuerdos que obliguen a realizar una consulta ciudadana. Es decir, a la soberanía por representación se han sumado algunos instrumentos que expresan, al menos parcialmente, formas de ejercicio de soberanía popular directa.

La actual Convención ha realizado un importante trabajo, muchos de sus representantes son valiosísimas personas y Chile tendrá una nueva Constitución, que deberá ser aprobada en un plebiscito de salida durante este año 2022. Pero hay que admitir también, que la actual Convención no fue capaz de generar mecanismos suficientes de participación ciudadana que hicieran posible un ejercicio más amplio y masivo de la soberanía popular. De este modo, la Convención realizará parcialmente los propósitos del “Estallido Social de 2019” en el sentido de dotarnos de una nueva Constitución, pero no generó ni generará “nuevas formas” de hacer política en que el pueblo juegue roles más activos y protagónicos.

La acción más protagónica y participativa proviene en realidad, de los movimientos sociales y es lo que el lector podrá apreciar en este número de Cal y Canto. Durante 2022 convocamos desde ECO a diversos talleres entre dirigentes y analistas locales de movimientos sociales. La forma telemática nos permitió contar con la presencia de compañeros de provincias, especialmente de Valparaíso y Concepción. La forma de trabajo fue muy sencilla, la denominamos “pedagogía de la escucha”, ya que invitamos a uno o más dirigentes (as) de un movimiento social diferente en cada sesión y le escuchamos en sus planteamientos fundamentales que sostienen a su movimiento u organización. Luego de esa escucha, formulamos preguntas y comentarios.

Participaron este año dirigentes del pueblo mapuche, de educadores, del MAT (Movimiento por el Agua y los Territorios), de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, de Organizaciones de Migrantes, Pobladores, Profesores, Disidencias y de Justicia y Derechos Humanos. En este número recogemos sus relatos sobre sí mismos y sobre sus expectativas o aportes a la Convención Constitucional, ya que nos interesaba conversar sobre los movimientos y el proceso constituyente en curso.

El balance de estos diálogos los podrá hacer el lector, aunque podemos adelantar que siendo relevante la Convención Constituyente, los movimientos sociales tienen vida propia, que trascienden los tiempos políticos coyunturales o constitucionales. Los convencionales cesan en sus funciones el 4 de julio próximo, la Convención entonces caduca, mientras que los movimientos no tienen fecha de caducidad. La Convención es un gran “acontecimiento-proceso”, que trascurre en el campo institucional, los movimientos son las luchas que se incuban y desarrollan en la sociedad civil y que en determinadas coyunturas buscan incidir en el campo de las instituciones y la denominada política pública. Los movimientos no se agotan en las instituciones del Estado y cuando lo hacen, es porque niegan su impulso o identidad de origen.

El proceso político chileno está hoy completamente abierto, su próximo capítulo será la campaña y el plebiscito de salida; luego vendrán los artículos transitorios que fijarán los tiempos y los modos en que se pondrá en marcha la nueva Constitución; más tarde vendrán las leyes que harán operativos el nuevo articulado de la Constitución. Este será el más previsible “calendario político”, pero no necesariamente el calendario social que transitará en su propio andar y en su propio ritmo.

En este propio andar, nos parece que los cuerpos y los territorios resultan fundamentales sino el campo propio de los movimientos sociales. El feminismo, el anti racismo, la nueva relación con la naturaleza, el respeto a los DDHH y la justicia social (laboral, en la salud y en la escuela) comprometen la expresividad, la estética y el valor y el amor a nuestros cuerpos, la “base material” de nuestra condición humana. Complementariamente, esta condición se desenvuelve en territorios concretos y específicos: la ciudad, el barrio, el lugar de estudios, el centro laboral, los desplazamientos (o sea el transporte público y privado) todos lugares de interacción, sociabilidad, disputas, conflictos, encuentros y saberes. Los movimientos sociales suelen intervenir en estos campos, este es su terreno de impacto e incidencia. El mayor desafío, desde este punto de vista, será hacer avanzar los procesos de democratización de la vida social: ¿podremos avanzar en ir decidiendo colectiva y democrática sobre la ciudad, nuestros barrios, nuestro sistema de salud, nuestras escuelas, nuestras relaciones de género, nuestras relaciones con la naturaleza…? Esta nos parece que es la más relevante de las preguntas sobre nuestro futuro político como sociedad.

Mario Garcés Durán.
Santiago, 24 de abril de 2022

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