El día sábado 10 de noviembre, en la Casa del Maestro, se desarrolló el “Encuentro de Luchas Socioambientales desde los Territorios”, convocado por la ONG ECO y el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), el cual buscaba reunir a distintas organizaciones y personas interesadas para reflexionar y proyectar estrategias de resistencia contra el extractivismo y la depredación de los territorios.
Nos juntamos, cuando comenzaba la mañana, con un compañero y amigo del movimiento Patagonia sin más mineras, quien días antes nos invitó a cubrir el encuentro, particularmente movido por el interés de poner en conocimiento de la mayor cantidad de gente posible la situación que atraviesa Chile Chico, azotado por la invasión minera, la que abordaremos más adelante en esta nota. Llegamos, cerca de las 9:30 hrs. de la mañana, a la Casa del Maestro, cuando ya cerca de 70 personas, provenientes desde distintos lugares del territorio, se acomodaban en uno de sus salones.
La jornada comenzó con una presentación del historiador Mario Garcés, quien anticipó el rol que juegan los movimientos a favor de los pueblos originarios, feministas y, particularmente, socio-ambientales en un contexto de crisis del progresismo en Latinoamérica. En concreto, estos movimientos modifican la idea de que el origen de los movimientos sociales se encuentra en la clase social, por lo que nos interpelan a asumir que existen otras contradicciones que no sólo tienen que ver con la clase sino también con las relaciones que sostenemos, por ejemplo, con el medio ambiente en un contexto extractivista. La invitación que hizo en su presentación, en síntesis, pasa por comprender que el surgimiento de una alternativa política nacional requiere de la articulación de movimientos sociales diversos: “es imposible pensarnos solos”, sostuvo.
Posteriormente, y durante todo la mañana, se compartieron experiencias de la zona norte, centro y sur, las que dan cuenta de las luchas socio-ambientales que actualmente se sostienen en los distintos territorios.
Zona Norte: “Calama es una zona de sacrificio”
La Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra dio cuenta del impacto de la minería en zonas quechuas y atacameñas. En su presentación, se sostuvo que la cuenca del río Loa ha sido violentada, pues el río ha sido definido como agotado, en un escenario en que el 97% del agua pertenece a las mineras. Lo mismo ocurre con el salar de Atacama, el cual se encuentra en serio peligro.
El principal adversario en el territorio es CODELCO, pues no existe un plan de descontaminación en la zona, a pesar de que Calama ha sido declarada “zona saturada” desde el año 2009. Lo mismo ocurre con la fundición RAM, principal productor mundial de ánodos de plomo, que funde plomo a menos de un kilómetro de distancia de Calama. Es importante advertir que allí, la principal causa de muerte de la población es el cáncer de pulmón.
Frente a esta problemática, Calama ha sido definida como zona de sacrificio, pues el territorio minero y de relaves triplica su tamaño (ver imagen).
Así, los principales desafíos que enfrentan los movimientos socio-ambientales del territorio pasan por generar alternativas económicas que permitan asumir independencia del modelo extractivista, en un contexto de alta cesantía y subcontratación. De todos modos, la preocupación por la salud, sobre todo de niños y niñas, ha permitido aglutinar a la población en torno a la lucha territorial. Allí es importante dar cuenta a la comunidad de los peligros que enfrentan al permitir el avance de las mineras en la zona, lo que ha forzado a la población, por ejemplo en Antofagasta, a consumir agua desalinizada (con baja regulación sanitaria) para permitir el acceso a agua dulce a las mineras.
Zona Centro: “Agrotóxicos, desregulación urbana y privatización del agua”
En la zona centro, por su parte, se argumenta que las amenazas enfrentadas en los territorios están articuladas en torno a la agricultura extractiva, planificación urbana y territorial y conflicto sanitario.
Sobre el primer punto, el problema no se circunscribe sólo a la presencia de agrotóxicos (en Molina, por ejemplo, se observa una alta tasa de cáncer gástrico en la población), sino a lo que acarrean consigo los agronegocios: pérdida de suelos producto de la erosión, acaparamiento de aguas, privatización de semillas y precariedad laboral, que también se acompaña de una relación de patronazgo y dependencia que inmoviliza a la población. Aquí es común encontrarse con escuelas rurales rodeadas de agrocultivos que, en muchas ocasiones, activan casos de intoxicación entre niños y niñas. Así, los territorios aparecen entregados al sacrificio extractivista, generando consecuencias en economías locales y forzando a la población a depender de las mismas empresas que las contaminan.
En el ámbito de la planificación urbana y territorial, se constata que los planos reguladores dividen a la población según nivel socioeconómico, enfrentándonos a diversos problemas como invasión inmobiliaria, desigual distribución de equipamientos y servicios y falta de planificación en el sector rural, lo que ayuda a la construcción de zonas de exclusión territorial.
Finalmente, se argumenta que el proceso de privatización del agua repercute en las sanitarias (también con privatización), activando un servicio monopólico en el que el abuso se ha instalado (alza de tarifas, planes de desarrollo no ejecutados, etcétera). En este contexto, pareciera que nadie fiscaliza el alza de tarifas en zonas rurales, donde la calidad del agua también es asunto de preocupación. Frente a esta situación, resulta urgente eliminar las concesiones en administración del agua de tipo monopólico.
En un plano general, la lucha contra el uso de transgénicos y los estatutos temporeros es vital. Del mismo modo, se sostiene la importancia de que existan normas de evaluación de condiciones medioambientales para llevar a cabo acciones concretas desde la ciudadanía (ajustadas, por ejemplo, al estándar de la Organización Mundial de la Salud). Para el colectivo, surge la necesidad, además, de buscar los medios para involucrarse en instancias de planificación territorial.
Zona sur: “Los políticos al servicio de las transnacionales”
Hacia el sur del territorio las problemáticas se diversifican. En la región del Bío Bío, por ejemplo, se enfrentan a una situación en que existen cerca de dos millones de hectáreas de monocultivo forestal, la política de instalación de dos terminales de gas en las proximidades de Concepción y, aproximadamente, 72 solicitudes de instalación de proyectos salmoneros en toda la costa de la región.
Por su parte, la región de Aysén, particularmente la zona de Chile Chico, se encuentra enfrentada a una invasión minera que instala al movimiento Patagonia sin más mineras en un momento desafiante que invita a sensibilizar a la comunidad y levantar una propuesta económica alternativa. Aquí el Lago General Carrera, segundo más grande de Latinoamérica, se encuentra en riesgo de contaminación, con el avance de seis proyectos mineros en trámite para su instalación, acompañados de un permanente ejercicio de lobby del senador UDI David Sandoval Plaza, señalado como principal representante de las transnacionales en la región.
“La minería genera un fuerte impacto en las comunidades, si bien al principio se presenta como progreso al generar empleos y traer riquezas, los daños para la zona y sus habitantes son irreparables. Una de las principales consecuencias radica en que la explotación minera genera problemas de productividad local, puesto que contamina los recursos naturales (agua, tierra y aire) generando una degradación de las condiciones ambientales necesarias para el desarrollo de la agricultura y el turismo. En consecuencia monopoliza los territorios, es decir impide el desarrollo económico alternativo de la comunidad.
Otras consecuencias de esta explotación minera son la alteración paisajística por la devastación material del lugar a explotar y la contaminación sonora, pues las operaciones mineras producen mucho ruido (trituración y molienda, carga y transporte de los minerales, generación de energía, entre otras fuentes de ruido)” (Patagonia sin más mineras).
Visibilizar la lucha territorial de los distintos zonales a nivel transterritorial y plurinacional, permite ayudar a la elaboración de un diagnóstico sobre el conflicto socioambiental y visualizar alternativas que permitan generar una agenda de trabajo conjunta con distintas personalidades del ámbito social, junto con una serie de actividades, planteamientos e ideas colectivas. Sobre esto, parece importante dar cuenta de las alternativas y no sólo de los conflictos socio-ambientales.
En este escenario parece importante reconocer que este tipo de preocupaciones no son tema únicamente de profesionales del área y decisores políticos, sino de los pueblos y comunidades auto organizadas. Por lo mismo, activar la obligatoriedad de la participación ciudadana vinculante en esta materia, junto con la protección de los bienes comunes, como materialización de las responsabilidades del Estado, aparecen como acciones de gran relevancia. La autonomía política e institucional de movimientos y actores, además, permite forzar un desplazamiento del poder en este campo, en el que acciones de vínculo, autoformación y coordinación han sido vitales para el movimiento socio-ambiental.
¡La articulación es la opción!
Sitios de interés:
– ONG ECO: https://www.ongeco.cl/
– Movimiento por el Agua y los Territorios: https://www.facebook.com/AguaEnMarcha/
– Coordinadora por la defensa del río Loa y la madre tierra: https://www.facebook.com/coordinadora.loa/
– Patagonia sin más mineras: https://www.facebook.com/RioBakerPatagoniaSinRepresas/
Fuente: Radio Villa Olímpíca