Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres |
Desde fines de 2019 Chile se ha visto remecido por sucesos internos y externos que han movilizado a los distintos actores políticos, sociales y económicos para enfrentar conflictos de larga data, que habían sido denunciados, minimizados, morigerados o reprimidos en su momento. Entre ellos, el estallido social iniciado en octubre de 2019, la pandemia Covid 19 que entró al país en marzo 2020, la crisis política desencadenada por el estallido social y que se encauzó por la vía institucional durante ese año, la radicalización de la lucha del pueblo mapuche y la masiva inmigración a través de las fronteras norte del país.
El estallido social fue la culminación de masivas movilizaciones contra la desigualdad, las injusticias, el racismo, la misoginia, los abusos de las élites política y económica. Protestas territoriales y sectoriales se venían produciendo desde hacía muchos años, con magros resultados, pero esta vez la conjunción de demandas y la violencia y masividad de la protesta logró hacer visibles problemas estructurales, sostenidos y administrados con relativo éxito por el bloque en el poder. La explotación de la fuerza de trabajo, la depredación de la naturaleza, la violencia contra las mujeres, la represión y la fuerza para la resolución de conflictos sociales, quedaban intactos cuando bajaba la presión social.
El estallido social, sostenido por semanas en la capital y en las principales ciudades del país, provocó que el 15 de noviembre 2019, sectores políticos de distinta orientación, “ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía…”, arribaran a un Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. “Los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”.
Así se inició el proceso constituyente, el que poco a poco fue copando el ambiente político nacional. Su primer paso sería un plebiscito programado para abril 2020, pero fue postergado hasta octubre debido a la pandemia. El resultado fue ampliamente mayoritario para la opción Apruebo; más del 80% de las y los votantes optó por una Nueva Constitución, que reemplazará a la Constitución de Pinochet de 1980, y por la conformación de una Convención Constitucional integrada totalmente por convencionales electos por la ciudadanía para este efecto.
La elección de convencionales se realizó los días 15 y 16 de mayo de 2021, conjuntamente con las elecciones, por primera vez de gobernadores regionales, y las de alcaldes, concejales a nivel comunal y consejeros regionales. La derecha, los partidos y organizaciones sociales tradicionales fueron derrotados. Triunfaron, el Frente Amplio, coalición de izquierda más nueva en el ámbito político institucional, el Partido Comunista y también integrantes de movimientos sociales, territoriales e independientes. Eran efectos del estallido social que se instalaban en el área institucional, en momentos en que además debía realizarse elecciones presidenciales y parlamentarias en noviembre del mismo año.
El 4 de julio de 2021, se constituyó formalmente la Convención Constitucional, paritaria y con escaños reservados para los pueblos primeros, con 155 integrantes que eligieron por mayoría en la presidencia de la entidad a Elisa Loncón, una mujer mapuche.
Este escenario político electoral, derivado de la conmoción producida por el estallido social, se desarrollaba en medio de la pandemia Covid 19, que ingresó a Chile en marzo de 2020 y continúa asolando al mundo y al país. El Covid 19 le permitió al gobierno tomar el control de la población. Llamó a confinarse en las casas y decretó cuarentenas parciales, como intento para mantener en funcionamiento la economía. Convocó a los militares y el 18 de marzo declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe; cuatro días después se imponía el toque de queda en todo el país. El gobierno había encontrado la oportunidad para imponer la obediencia.
Hacia principios de 2020 la movilización social fue disminuyendo, aunque importantes sectores populares no adherían a la salida institucional propuesta por los partidos políticos y continuaban enfrentamientos en distintos lugares del territorio nacional. Además, el 8 de marzo se realizó la mayor concentración de mujeres que se tenga memoria en Chile.
El confinamiento, producto del Covid, puso al descubierto lo que el estallido social había denunciado en las calles: la precariedad económica, laboral y social de vastos sectores de la población. La violencia contra las mujeres recrudeció y se agudizaron las desigualdades en la educación y en las posibilidades de trabajo, por deficiencias o carencias de dispositivos tecnológicos y conexión a internet en zonas rurales, pueblos distantes de las ciudades y sectores urbanos empobrecidos.
Las y los trabajadores asalariados pudieron paliar de alguna manera la falta de ingresos para la subsistencia, primero con los seguros de cesantía y posteriormente con sucesivos retiros del 10% de sus fondos previsionales. Las y los trabajadores informales e independientes, 4.3 millones de personas, quedaron desprotegidas. Las políticas gubernamentales fueron focalizadas y tardías. Recién a fines de mayo comienza un insuficiente apoyo en dinero para el 60% de la población más empobrecida, por tres meses y reduciéndose de manera gradual. Una vez en mayo y otra en julio se entregaron cajas con alimentos y productos básicos. En septiembre se anunció el plan de subsidio al empleo y en diciembre se entregó el bono navidad. Todas estas medidas del gobierno debían cumplir múltiples requisitos por parte de sus beneficiarios y se hacía difícil su obtención.
Durante todo el año 2020, los movimientos sociales, las organizaciones de larga data, aquellas creadas durante el estallido de 2019 y las que se han re/creado en esta crisis sanitaria, se ocuparon de paliar los efectos económicos y sociales que impactan principalmente en sectores empobrecidos, a través de la articulación entre organizaciones y creación de redes de apoyo frente a múltiples necesidades: hambre, desempleo y violencia machista, entre otras. Así, mientras el gobierno y las élites utilizaban política y económicamente la emergencia sanitaria, el pueblo se organizaba y desplegaba variadas manifestaciones de solidaridad, lo que hizo posible que la catástrofe no fuera total. Solo el pueblo ayuda al pueblo, era la consigna, y se constataba en la realidad.
Las acciones territoriales en su mayoría consistieron en apoyos de emergencia: alimentos, productos para higiene, implementos de aseo, atención a mujeres víctimas de violencia, atención psicológica y jurídica, entre otras. Muchas organizaciones se crearon o derivaron su acción hacia esos objetivos, para comunicar directamente la situación del territorio, para acompañar a personas privadas de libertad, adultas mayores que viven solas, habitantes de poblados distantes de las ciudades o a migrantes sin documentación.
En enero de 2021, año de elecciones, el gobierno anunció un importante aporte económico para las familias, el Ingreso Familiar de Emergencia, que se concretó de junio a noviembre. El Parlamento logró que éste fuera universal y ello alivió a la mayoría de la población que lo requería, incluidos sectores medios. En la misma medida fue disminuyendo el apoyo de emergencia que las organizaciones sociales proporcionaron durante 2020, manteniéndose hasta la actualidad algunas asambleas y organizaciones de apoyo principalmente de mujeres. En tanto, las organizaciones permanentes volvieron a sus objetivos iniciales con los nuevos aprendizajes y desafíos de la intensa etapa vivida.
En esta “nueva normalidad”, la economía empezó a reactivarse, abrieron las fábricas, los servicios comenzaron atención presencial, el comercio abrió sus puertas y, aunque el Covid no mostraba signos de retirada, una cierta normalidad aparecía en el ambiente. Solo la educación y toda la industria del entretenimiento y la cultura siguieron restringidas en modo presencial.
El gobierno había conducido al país, como desde el comienzo, hacia la economía, hacia la reactivación de las empresas y el empleo formal. Según su criterio, las mujeres podían seguir en tareas domésticas, de cuidado o teletrabajo; las y los trabajadores independientes de la cultura no eran prioritarios; el comercio ambulante y en general el trabajo informal, más bien resuelve el día a día de esas familias.
Los efectos de la pandemia, fueron minimizados u ocultados por el exitismo del gobierno al comunicar el plan de vacunación, que hasta el momento lleva 4 dosis en la población y pese a ello ha cobrado la vida de 45 mil personas en el país y continúa en cifras elevadas.
En el ámbito laboral significó la pérdida de 2.4 millones de empleos, de los cuales se ha logrado recuperar 1.6 millones. Es lo que reflejan las cifras, pero también es necesario poner atención en la calidad de esos trabajos y en quienes los ocupan. Se observa un aumento del trabajo informal y un mayor rezago en jóvenes, trabajadores migrantes y principalmente en mujeres.
La pandemia significó para las mujeres un retroceso de diez años en su empleabilidad, puesto que el cierre de las escuelas y el aumento de tareas en los hogares, les dificultó retornar o buscar trabajos formales.
Todavía en Chile las labores domésticas, de crianza y cuidados no son consideradas un componente fundamental para el desarrollo; no son remuneradas ni valoradas y estas recaen mayoritariamente en las mujeres. La sobrecarga de trabajo que implican estas labores se acentúa en hogares de menores ingresos, donde las demandas de cuidados son mayores al tener más personas dependientes por hogar. En muchos casos, se trata de familias monoparentales en las que predomina el trabajo informal, que en Chile alcanza a un 30% de las y los trabajadores, y de mujeres migrantes sin documentación regularizada, que disminuye la posibilidad de conseguir trabajos formales, así como el acceso a beneficios de las políticas de gobierno.
La presión sobre los sistemas de salud afecta significativamente a las mujeres, ya que representan más del 70% de personas ocupadas en este sector. Se han visto expuestas a extensas y extenuantes jornadas laborales y al riesgo de contagio del virus, lo que, sumado a las labores domésticas y de cuidados, ha aumentado su sobrecarga de trabajo y estrés.
En educación, el profesorado en el sistema escolar, integrado en un 72% por mujeres, ha debido transitar al teletrabajo. Muchas de ellas, en igual situación de cumplir además tareas domésticas, de crianza y cuidados, se han visto en la dificultad de trabajar en espacios compartidos con otros miembros de la familia. Para el estudiantado, la modalidad no presencial, ha significado un bajo nivel de aprendizaje, la disminución de la sociabilidad y juegos con sus pares e, incluso, en la nutrición de quienes recibían alimentación en los colegios. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) entregó canastas de alimentos cada 15 días para niñas y niños de colegios públicos que lo recibían en sus recintos educacionales, alimentos que en momentos críticos eran compartidos por toda la familia.
La violencia contra las mujeres recrudeció durante el confinamiento. Las medidas adoptadas por el gobierno a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género fueron insuficientes y poco efectivas. El fono 1455 de denuncia es atendido a través de una empresa de call center sin especialización en violencia. Allí, operadoras que han denunciado falta de capacitación y turnos de trabajo extenuantes, entregan orientación o derivan a Carabineros. Estos, por su parte, según una consulta realizada por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en 2020, desestiman las denuncias, humillan o se burlan de las mujeres y las culpabilizan por los hechos, entre otras conductas impertinentes.
El servicio de orientación a través de whatsapp, que supuestamente es más privado, presenta todas las dificultades derivadas de la falta de teléfonos personales, de la inexperiencia en su uso, de la conexión, de la espera en las respuestas, etc. Y la Mascarilla-19, medida que consiste en solicitar dicho implemento en farmacias para advertir que se está viviendo una agresión, al no existir capacitación para las y los trabajadores de esos recintos ni tener otras facultades que derivar a una orientación, es menos probable aún que sea un recurso útil para las mujeres.
Estas respuestas ineficaces por parte del gobierno, aumentaron la presión en las organizaciones de mujeres y feministas, que suplieron con trabajo solidario la contención, orientación, atención psicológica y jurídica e incluso la acogida en casos de amenazas de muerte, de las mujeres que viven violencia.
Con estos impactos de la pandemia, se desarrollaba la agenda político electoral y el complejo inicio de funcionamiento de la Convención Constitucional, las que fueron copando la información y las discusiones en todos los ámbitos. La iniciativa popular de norma que instauró la Convención para la participación de organizaciones y personas, así como las iniciativas propuestas por convencionales de movimientos sociales, independientes y de pueblos originarios, lograron incorporar en la discusión contenidos y luchas largamente libradas por movimientos y organizaciones populares. Entre ellas, el reconocimiento de la plurinacionalidad e interculturalidad, la desprivatización del agua, el cuidado de la naturaleza y otras medioambientales.
Las organizaciones feministas incorporaron, a través de este mecanismo de participación popular, propuestas de educación laica, pública y no sexista; por una vida libre de violencia para mujeres, niñeces y disidencias sexo genéricas; reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y de cuidados; derecho a la alimentación como derecho fundamental e inalienable; derecho a la salud sexual y reproductiva con enfoque de género, feminista, interseccional y pluralista, entre otras de movimientos mixtos en que participan mayoritariamente mujeres.
Esto constituye un hecho inédito en la acción de los movimientos sociales, puesto que sus propuestas son formuladas por ellos mismos e incluidas directamente en la discusión institucional, sin mediación de los partidos políticos, aunque requieran el apoyo de éstos para su aprobación.
Llegado el momento de la elección presidencial el 21 de noviembre 2021, en un clima de extraña normalidad, incertidumbre generalizada, desconfianza y animadversión hacia el poder político, logra visibilidad otro, nuevo, partido pinochetista. La sorpresa, con características de shock, fue que éste alcanzó la primera mayoría entre seis candidatos y una candidata. Pasaban a segunda vuelta de votación, que debía realizarse el 19 de diciembre, el candidato Juan Antonio Kast del partido Republicano, la nueva derecha pinochetista, y el candidato Gabriel Boric de la coalición Apruebo Dignidad, integrada por partidos del Frente Amplio (FA), que es más reciente y joven en el arco político partidista chileno, y Chile Digno, integrado por el partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).
Este resultado provocó una reacción inmediata de los sectores progresistas y, una vez más, la vieja consigna “la unión hace la fuerza” consiguió la elección de Gabriel Boric como presidente de Chile con el 55.87% de los votos.
El triunfo electoral de la coalición de izquierda, terminó de configurar un nuevo clima político en el país, que reclama cambios profundos en el sistema político, económico neoliberal y patriarcal, que se había anunciado en el estallido social (2019), en el plebiscito (2020), en la elección de convencionales, gobernadores y alcaldes (2021) y en los esfuerzos de convencionales por instaurar la participación popular en el proceso constituyente.
En este escenario, que marca una nueva etapa en el país, y que de pronto trajo remembranzas de la elección de Salvador Allende, la esperanza está abierta. Sin duda los mayores desafíos deberán enfrentarlos la coalición de gobierno y los partidos progresistas deslegitimados e incómodos, pero no menores desafíos se presentan para los movimientos sociales.
Los movimientos sociales quedan en una posición que los interpela en cuestiones que constituyen las bases de su acción sociopolítica: la autonomía, desechando de plano o intentando una relación distinta con la institucionalidad gubernamental; la acción territorial o sectorial por y para sí mismas, sin coordinación y articulación a nivel nacional; las demandas y reivindicaciones específicas versus la politización de las luchas por cambios estructurales, entre otras.
En esta perspectiva, junto a los logros alcanzados por movimientos feministas, ambientalistas y de pueblos originarios en la Convención, queda la pregunta sobre cuántos podrán implementarse desde el gobierno y cuánta energía invertirán en ello los movimientos. También, y principalmente, de qué manera la reflexión y acción de los movimientos sociales podrá seguir construyendo gestión comunitaria, desde lo territorial y local, tanto para encarar el avance del modelo económico explotador de la fuerza de trabajo y depredador de la naturaleza, como para replicar experiencias territoriales existentes y ensayar nuevas formas de desarrollo, a escala humana, que pongan la vida en el centro.