Radio U de Chile

El próximo 28 de mayo la Fiscalía formalizará por el delito de perjurio a dos ejecutivos involucrados en la colusión de radios ocurrida en 2007. Organizaciones de emisoras comunitarias valoran el avance en la investigación, pero insisten en la necesidad de transparentar la información sobre el espectro radioeléctrico.

Cristián Wagner y Claudio Toro serán formalizados en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el próximo 28 de mayo por parte de la Fiscalía Centro Norte, por su vinculación a la colusión de empresas, en el año 2007, para obtener concesiones de radiodifusión FM en Iquique, Antofagasta, La Serena, Los Vilos, Pichidangui, Llayllay, Pichilemu, Alerce y Coyhaique.

Se trata de la arista penal pendiente de un caso iniciado en 2009, cuando la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) denunció las irregularidades ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Ministerio Público.

Cabe recordar que la FNE acusó en octubre de ese año a ocho empresas y dos personas de colusión para adjudicarse los derechos, lo que fue ratificado en 2011 por el Tribunal de la Libre Competencia, que aplicó multas cercanas a los 300 millones de pesos, y luego confirmado por la Corte Suprema.

Cristián Wagner se desempeñaba como gerente general de la Corporación de Radio Valparaíso Limitada, ligada al grupo El Mercurio, y estaba vinculado a Transco e Inversiones Santa Ignacia, propiedad de Claudio Toro, tres empresas que participaron de la colusión, que consistía en que empresas postulantes vendían sus derechos de postulación a otro competidor para eliminar la competencia.

Luego de la formalización, la Fiscalía evaluará si amplía la investigación a ejecutivos de otras firmas multadas por el Tribunal de la Libre Competencia, entre las que se cuentan Altronix, San José, Duplex, Radio Corporación y Bío Bío, siendo esta última la única que negó la colusión.

Ante esta situación, Juan Ortega, integrante de la ONG ECO Educación y Comunicaciones y del capítulo chileno de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, reiteró que hay una mala administración del espectro radioeléctrico por parte del Estado: “Siempre ha habido una solicitud de mayor transparencia y de menos colusión y monopolio. Lo que se da en lucha de los medios comunitarios tiene que ver con una administración y repartija del espectro mucho más equitativa. Lo ideal sería acercarse a parámetros como los que tienen Argentina y Uruguay, que han pensado en un concepto social de las comunicaciones, con un lugar en el espectro radioeléctrico. En Chile estamos muy lejos de ese modelo y la denuncia que se ha hecho de los medios comunitarios tiene que ver con el privilegio del Estado por regular a favor de lo comercial. Esta condena viene a ratificar lo que los medios comunitarios siempre han señalado”, dijo.

Perla Wilson, periodista de Radio Tierra, valoró los avances de la Fiscalía, la FNE y el Tribunal de la Libre Competencia para enfrentar la colusión y la concentración de propiedad, pero lamentó que haya pocas herramientas para otorgar sanciones más drásticas.

La profesional coincidió además en que se necesita una mayor transparencia de la información: “Si bien esto es una señal positiva, en términos que el Estado y sus instituciones se hacen cargo del problema, nos parece aún insuficiente, en términos que debiera existir mucha mayor transparencia respecto de cómo está distribuido el mapa del espectro en Chile. Es un ámbito de bastante opacidad. Como ciudadanos, hemos pedido en reiteradas oportunidades a Subtel, como instituciones de la sociedad civil, que transparente el mapa del espectro con la distribución de frecuencias en cada una de las zonas de cobertura, para conocer efectivamente cuáles son las decisiones que se toman y sobre qué base se toman para abrir o no abrir licitaciones”, explicó.

Perla Wilson dio, como ejemplo, que radios comunitarias que fueron asignadas a un espacio del dial con sólo 30 watts de potencia no recibieron argumentos sobre esa decisión.

Algo que, según la periodista, se repite en el ámbito de la televisión, puesto que organizaciones integrantes de la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital solicitaron, a través de la Ley de Transparencia, un mapa del espectro para conocer las concesiones disponibles, y se les negó el acceso aduciendo información estratégica.

Así lo expresa el Dr. Mario Garcés, del Departamento de Historia de la FAHU, quien a través del libro “El despertar de la Sociedad. Los movimientos sociales en América Latina y Chile” analiza la explosión de la movilización social en nuestro país.

La publicación, editada por  LOM, a lo largo de cinco capítulos se adentra en la reflexión del historiador sobre el presente del movimiento social en Chile pero con un pie firme en el contexto histórico y que permite, en el caso de Chile, constatar que los movimientos sociales han sido actores importantes durante todo el siglo XX.

En la oficina del Dr. Garcés existen pocas referencias a su intenso y dilatado trabajo de investigación sobre los movimientos sociales en Chile. Sólo un pequeño detalle nos ayuda a vislumbrar el compromiso que tiene con este tema en el que ha trabajado por casi 30 años: su llavero luce una pequeña bandera del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil.

Sin embargo, cuando el historiador comienza a reflexionar sobre las movilizaciones sociales en nuestro país no esconde el  gran entusiasmo que le provocan. Es más, cree que en el caso de Chile, los estudiantes lograron instalar el concepto de movimiento social y que ya nadie puede discutir su importancia a la hora  y rol a la hora de defender y visibilizar las demandas sociales.

¿Cómo las organizaciones han podido ser capaces de desplazar  a los partidos políticos en el ámbito de la representación de la sociedad?

El tema de las organizaciones sociales y partidos es tan viejo  como la acción colectiva y los movimiento sociales y populares en Chile. Lo que pasa es que por un largo periodo, que va desde los años 30 a la Unidad Popular, se estableció una división del trabajo medianamente aceptada: mientras los sindicatos o otros movimientos reivindicaban demandas específicas (salariales, vivienda, etc), los partidos representaban esos  intereses en el sistema político.

Durante la dictadura se suprimió esta fórmula. En ese periodo de debilitamiento de los partidos políticos y en un clima de violencia, se fortalecieron las organizaciones sociales, produciéndose un hecho muy particular: la resistencia a la dictadura, sobre todo en  los 80’s queda en manos de los movimientos sociales que toman papeles muy activos. Pero, cuando se empieza a insinuar la transición, los partidos recuperan el papel protagónico y vuelven a subordinar a los movimientos sociales.

A través de este libro sostengo que la transición se hace con predominio de los partidos pero sin consideración, sin valoración y sin interlocución con los movimientos. La sociedad está invisibilizada y claro, después de 20 años de administración del Estado con bastante distancia de la sociedad y los movimientos, ésta empieza a despertar y surgen nuevamente movimientos que se gestan con mucha desconfianza hacia los partidos y las instituciones.

Entonces, eso de que los movimientos sociales se movilicen y los partidos políticos representen no se da en la práctica ya que el problema es donde los partidos políticos representan a la sociedad: ¿en un parlamento que apenas puede modificar las leyes porque está sometido a la Constitución del 80? o ¿en un presidente que escucha pero después hace lo que quiere, que va a las Naciones Unidas y dice que el movimiento por la educación es bueno pero después no lo toma en cuenta? Son esta y otras razones las que hacen que el sistema se vuelva inoperante, tanto en el sentido institucional como el de la representación y en es en este espacio donde las organizaciones adquieren mayor fuerza.

En sistemas democráticos más avanzados, los movimientos sociales son parte activa en la toma de decisiones ¿qué tan lejos estamos de que en Chile se pueda producir esta participación?

Eso depende mucho de cómo se desarrollen los movimientos. En el neoliberalismo, la democracia casi es entendida como modelo de consumo. Por lo tanto, si la gente tiene acceso al consumo, al crédito,  no se va a interesar en la política porque su bienestar está en otro lugar.

En este sentido, la democracia y la vitalidad de una sociedad, tiene que ver también con que en esa sociedad se reconoce ciertos temas colectivos, si eso no ocurre, las sociedades se despolitizan y se orientan mucho más al consumo y al bienestar personal. Esto nunca es tan radical  pero eso como tendencia puede instalarse. De hecho, creo que  esto que menciono, es lo que ha sucedido en los últimos años.

¿Qué sucede si a pesar que existe un interés en participar por parte de la sociedad  no existen los espacios para lograrlo?

Es que si un movimiento estudiantil, por ejemplo, se enfrenta a un gobierno refractario al cambio y que no se abre a la negociación, el movimiento no debe detenerse y puede encaminarse en tareas que no dependen del Estado si no de sus propias capacidades como, por ejemplo, hacer más democrática las universidades y eso significa que yo no solo soy un alumno cliente si no que soy un estudiante que tiene clara conciencia del lugar que ocupa la universidad en la sociedad.

Es muy importante trabajar en esto porque la tendencia, en nuestro país, es que la universidad sólo tenga buenos indicadores y que sea rentable estudiar en ellas. Esto es algo que las universidades privadas han hecho: orientarse hacia la entrega de un buen servicio porque se supone que los fines están prescritos por el mercado y por lo tanto, no somos actores para decir que queremos una universidad que piense el país, el barrio, que piense la memoria, en la tecnología pero asociada a los derechos de los trabajadores, el medio ambiente.

¿Los movimientos sociales entonces continuarán siendo más representativos que los partidos?

Primero debemos ser capaces de repensar lo que está sucediendo. Durante mucho tiempo  se pensó que el cambio social se produciría por reformas a las instituciones o la revolución y la verdad es que, cuando pasan los años y uno va reflexionando sobre estos temas se va dando cuenta que no necesariamente tienen ese camino y que existen otras formas.

Por ejemplo, los pobladores se movilizaron durante muchos años y con más o menos reformas, consiguieron cuestiones fundamentales durante las décadas del 50 y 60. Lograron que el Estado construyera poblaciones populares y pasó por las movilizaciones que realizaron.

En la actualidad sucede que nos encontramos con algunos temas nuevos, pero la mayoría son temas antiguos y que se han vuelto a politizar. El caso de la regiones  es un tema invisibilizado y lo que ocurre es que las regiones ven que existe un clima donde se puede volver a instalar sus demandas y, en ese sentido, el movimiento estudiantil ayudó al movimiento de Aysén y eso se da porque los movimientos sociales están legitimados socialmente, ya no son un grupo de vándalos: encarnan demandas de la sociedad y nadie puede discutir, por ejemplo, que no existen problemas en las regiones de Chile o en la educación.

Los movimientos sociales son una forma de hacer política por otros canales. Por eso que en América Latina, que tiene poca tradición democrática,  posee una larga historia asociada al ellos ya que los movimientos sociales cumplen papeles importantes, particularmente, en sociedades poco democráticas.

¿Pero el surgimiento de muchas y variadas demandas puede dañar al movimiento social?

Es que tal vez temas muy diversos pueden situarse nacionalmente, regionalmente o de forma global. Lo que debemos es estar atento a la acción colectiva y cómo ella se puede ir concadenando o como se va expresando. En Chile, en más de una ocasión, cuando crecieron en escala las movilizaciones, lo que surgieron fueron las asambleas como la Asamblea de la Civilidad en dictadura o la Asamblea Obrera en el año 18,  o una Asamblea Popular constituyente el 25 o asambleas del Poder Popular durante la UP. Lo interesante y común a todas estas instancias es que cuando los movimientos adquieren más desarrollo ellos mismos reconocen la necesidad de coordinación.

Con el movimiento de Aysén ocurrió que no era difícil encontrar similitudes con la forma en que los piqueteros (Argentina) exigían y hacían visibles sus demandas. ¿Se pude encontrar alguna conexión entre estos dos fenómenos sociales?

Hay una conexión de tipo más general. Cuando el capitalismo está centrado en la producción. La forma popular de lucha es la huelga, el paro, detener la producción. Pero cuando el capitalismo está mucho más centrado en la circulación o en el comercio, la manera en que los movimientos pueden actuar es interrumpiendo la circulación de personas y bienes.

Con respecto a su libro “El despertar de la sociedad”, que publicó recientemente a través de la editorial Lom. ¿Cómo fue el proceso de creación?

El año pasado participé de algunas marchas y lo primero que me sorprendió fue la masividad, su convocatoria y cuando vi que se repetía y que además incluía acciones tan diversas como las expresiones artísticas que acompañaban estas marchas dije aquí ocurre algo importante y comencé a escribir artículos relacionados con este movimiento que fueron publicados en la prensa nacional y extranjera y, además, comenzaron a circular por la red otras investigaciones mías sobre este tema.

De ahí comencé a juntar distintos materiales,  muy estimulado por lo que hacían los estudiantes y el impacto que provocaron en la sociedad. Debemos considerar que el concepto movimiento social surge con los estudiantes y hoy está instalado como un concepto que todos manejamos y que se refiere a la acción colectiva, pueden ser los estudiantes, los ciudadanos de Aysén o Calama.

Para finalizar, ¿Cómo lo hace un historiador para hablar sobre la contingencia y porqué son tan recurridos para interpretar estos hechos?

Los historiadores para poder hablar del presente tenemos que fundamentar con hechos históricos. Uno debe ser capaz de mirar tiempos largos que permiten darse cuenta que en Chile, durante todo el siglo XX, existieron movimientos sociales que fueron tan importantes como los que permitieron que la dictadura de Pinochet cayera.

Con respecto al historiador como una fuente para explicar fenómenos actuales,  es algo  bien curioso y muy chileno. Creo que el impacto de la dictadura en Chile es tan profundo que muchos que estudiaron historia están produciendo una historia distinta porque el golpe quebró todas las formas de conciencia histórica nacional. Somos una sociedad que quedó en el descampado, en la niebla y hemos vivido años tratando de entender que somos.

Continuando los diálogos iniciados en los encuentros de memoria desarrollados durante el año pasado, y después de las primeras actividades de devolución realizadas a fines de febrero de 2012; la tercera semana de marzo se dio inicio al proceso de grabación de entrevistas en formato audiovisual en la VIII región. En esta ocasión las entrevistas tuvieron como protagonistas a pobladoras/es que compartieron sus recuerdos en relación a la vida antes del terremoto y maremoto de 2010, el impacto de la catástrofe, y el proceso de reconstrucción.

Agüita de la Perdiz

En la población Agüita de la Perdiz, Jeannette Inostroza Barriga compartió en la entrevista sus experiencias de vida y participación en la población; los sucesos relativos al terremoto de febrero de 2010; las estrategias de organización local; la solidaridad extendida desde la Agüita al Barrio Universitario y a otros lugares de la región. También se dialogó en torno a los avances y desafíos de la reconstrucción.

Aldea Rocuant

En la aldea Rocuant, se realizaron dos entrevistas a Carolina Soto Muñoz y Ana Villanueva Arancibia. Ambas entrevistadas compartieron sus recuerdos de la vida en la población Rocuant; las experiencias familiares durante el terremoto y maremoto que afectó al borde costero; las vivencias en el cerro y el albergue; la llegada a la aldea Rocuant y las actividades compartidas, por ejemplo, la organización –el grupo ‘Recreación y Cultural Juvenil’- y la vida en comunidad; y, finalmente el proceso –aún pendiente- de reconstrucción.

Caleta Los Bagres

En la aldea Miramar-Los Bagres, se realizaron las últimas dos entrevistas de este primer ciclo. Alejandra Maccias -ex dirigenta del grupo juvenil- y Fernando Reyes Ponce -joven pescador y actual presidente del grupo juvenil- fueron las personas entrevistadas. Tanto Alejandra como Fernando compartieron sus testimonios de la vida en la caleta Los Bagres; la situación laboral de los pescadores artesanales; los sucesos del terremoto y maremoto que les afectó; la organización y solidaridad desplegada; la llegada a la aldea Miramar-Los Bagres; la organización comunitaria y juvenil; y los anhelos de la reconstrucción.

Las entrevistas mencionadas se encuentran en etapa de post producción. Durante los meses de abril y mayo se realizarán las grabaciones en las regiones VII, VI y Metropolitana, además de culminar el segundo ciclo de grabación en la VIII. Finalizado el proceso de post producción los testimonios serán compartidos en actividades de devolución en cada una de las localidades y sus fragmentos estarán disponibles en el sitio web www.reconstruyendonos.cl

El texto, editado por LOM, ya se encuentra en circulación y de el reproducimos la reseña preparada por la Editorial:

“Algo pasó en Chile el año 2011 que puso en duda los logros proclamados por su clase política y a cuestionar los supuestos en que se basaba nuestra convivencia social. Comenzamos a vivir una especie de “rebelión del coro” a partir de las movilizaciones estudiantiles y prontamente padres, profesores y también trabajadores subcontratados y empleados públicos comenzaron a sumarse.

Es en este contexto –apunta Mario Garcés– que comenzó a hablarse de la irrupción de los “movimientos sociales” y de “cambio político” en Chile. Este libro está destinado a dar cuenta de ello, de su historia en América Latina y en Chile, de sus claves de análisis en la actual teoría social y, sobre todo, a entregarnos una perspectiva que abra un debate acerca de sus posibilidades y futuro.”

En virtud de lo anterior, Reconstruyéndonos sostiene que se hace altamente necesario promover procesos comunitarios que permitan trabajar socialmente la experiencia a través de testimonios y diálogos entre las personas y grupos que vivieron la catástrofe, y viven las consecuencias de la misma. Se trata de reconocer el drama, la destrucción y problemáticas asociadas, pero también reconocer y relevar otros planos de memoria, que registran saberes y estrategias de acción colectiva para enfrentar el malestar, actuar y ejercer control ciudadano. Para esto es fundamental que las comunidades procesen lo vivido, y fortalezcan sus capacidades para tomar roles activos en los procesos de reconstrucción.

En este sentido, un trabajo social y comunitario de memoria resulta pertinente para contribuir a recrear identidad, sentidos de pertenencia, además de transformarse en una herramienta que estimule la acción. Esto quiere decir, capacidades para actuar y participar en iniciativas de cambio y mejoramiento para sus comunidades, potenciando las prácticas asociativas.

RECONSTRUYÉNDONOS. Nuestra memoria, nuestras voces, nuestro futuro es una apretada síntesis de aproximadamente 25 talleres de memoria realizados en 12 localidades de las regiones del Bío Bío, del Maule, de O’Higgins y Metropolitana, entre los meses de junio y diciembre de 2011. Publicar estos diálogos responde a la necesidad de poner en circulación la memoria y devolverla a las propias comunidades implicadas en  este proceso.

Estos talleres permitieron a los y las vecinas/os expresar y dialogar en torno a temáticas generales sobre la catástrofe misma, sucesos, problemáticas inmediatas, formas de enfrentarlas, y la posterior fase de reconstrucción, transitando entre las vivencias particulares y colectivas. Junto con esto, y dando cuenta de cómo funciona y se expresa la memoria, el deseo y aspiraciones de las y los pobladoras/es para el futuro, se plasman también en este documento.

Mas información: http://www.reconstruyendonos.cl/

Foto: Marilyn Lizama

Por Juan Ortega

Con un balance y muestra de avances en pasantías comunitarias culmina curso en U. de Chile

La formación universitaria en la carrera de Periodismo en nuestro país se ha caracterizado por formar generaciones de comunicadores que salen a desempeñarse profesionalmente en las grandes estructuras de información comercial, ligadas a los medios empresariales. De esta forma, las nuevas oleadas de experiencias comunicacionales al margen de los grandes medios, se constituyen como un nuevo campo de estudio y de interés por parte de académicos y alumnos.

ECO, en su constante trabajo con medios de comunicación comunitarios y en el activismo por la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, ha intencionado siempre estos diálogos con los espacios académicos instalando la pregunta por el rol del periodista  en el desarrollo de un modelo de comunicación que no beneficie a los mismos conglomerados económicos que rigen el país.

Foto: Jorge Zúñiga

Durante el último semestre del 2011, se desarrolló el curso electivo “Medios Comunitarios y Comunicación Ciudadana”, para alumnos de quinto año de periodismo de la Universidad de Chile, siendo este el segundo año que se imparte en dicha casa de estudios.

En ambas versiones el equipo del proyecto Centro de Comunicación Ciudadana, desarrollado por ECO, Educación y Comunicaciones ha sido invitado a coordinar y a acompañar este espacio formativo del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, en conjunto con su profesor titular, el periodista  y director de la Radio Juan Gómez Millas, Raúl Rodríguez.

Así durante más de 12 sesiones, los alumnos y alumnas han podido dialogar y conocer en profundidad las diversas experiencias de comunicación popular y alternativa que se han dado cita en el curso. Debates sobre marcos legales, oportunidades de las nuevas tecnologías, emprendimientos y gestión integral de un medio, han sido los ejes del trabajo formativo que pretende instalar una mirada amplia sobre el desarrollo comunicacional que surge desde los movimientos y demandas de los grupos excluidos de la opinión pública por los medios tradicionales.

Foto: Jorge Zúñiga

En esta ocasión los medios invitados durante el desarrollo del curso fueron: Radio Konciencia de Rosario, Radio Tierra, Periódico Mapuexpress, el Periódico Tropezón de Pudahuel, la Videorevista Sinapsis, el sindicato ARI (Asociación de Reporteros independientes), el sitio web Mediapiinta.cl, la experiencia de TV Comunitaria Victor Jara TV, la docente e integrante de la mesa de ciudadania y televisión Patricia Peña y a la presidenta de AMARC Internacional, Pia Matta.

Junto con compartir con estas experiencias y los hombres y mujeres que las sostienen, los alumnos están desarrollando pasantías en medios comunitarios, donde pueden conocer desde adentro, el trabajo editorial y aportar con sus conocimientos a las producciones y parrillas programáticas de estas prácticas.

Jornada Binacional Chileno-Argentina

El Programa MERCOSUR Social y Solidario,  llevó adelante,  el 18 de Noviembre, en la Universidad Nacional de Cuyo de la ciudad de Mendoza, República Argentina, el 4° Taller de Capacitación en puestos fronterizos, denominado Jornada Binacional Argentino – Chilena “La trata de personas. Un desafío para las zonas fronterizas” que se realiza en el marco del proyecto regional  “Fortaleciendo capacidades para la prevención de la trata de personas en la región Mercosur”.

La  organización, gestión y convocatoria a esta actividad estuvo bajo la responsabilidad de la Asociación Ecuménica de Cuyo, la Corporación Servicio para el Desarrollo de Jóvenes (SEDEJ) de Chile, Acción Educativa Santa Fe; y la Mesa Local Mendoza del Proyecto Regional para la prevención de la trata de personas en la región MERCOSUR, integrada por: Se vienen las Mendocinas, Mujeres en Acción, Red de Mujeres Pobladoras, Colectiva Las Juanas y las Otras;. Se pudo realizar gracias a los auspicios del Comité Católico en contra del Hambre y por el Desarrollo, (CCFD) de Francia  y la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo y  contó con la adhesión del Instituto contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, Delegación Mendoza (INADI)

Esta actividad tenía como objetivos la profundización de los  procesos de integración regional en el marco de respeto a los Derechos  Humanos; la visibilización de la trata de personas como una problemática de la región y el intercambio de experiencias para el abordaje articulado de la misma y el fortalecimiento de los procesos de integración regional en el marco de respeto de los DDHH

Participaron más de 70 personas representantes de organismos de los estados y de las sociedades civiles de Argentina y de Chile: – Dirección Provincial de Juventud  Mendoza-  Dirección de Derechos Humanos,  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Instituto de la Mujer Mendoza -  Área de género de la Municipalidad de Mendoza -  Secretaría  Derechos Humanos  Municipalidad de Las Heras -  Hospital de Uspallata -  Cámara de Senadores Mendoza – Consulado de Chile -  INADI, Delegación Mendoza -  Dirección Nacional de Migraciones -  Centro de Atención de Víctimas del Delito del Ministerio de Seguridad -  División de Búsqueda de Personas. Ministerio de Seguridad -  División Delitos contra la Integridad Sexual. Ministerio de Seguridad  – Brigada de delitos sexuales y menores (Los Andes, Valparaíso, San Antonio) -  Programa de Desarrollo Social e Integración Socio-familiar (Comuna de Ovalle) – Programa Desarrollándote. Comuna El Bosque -  CLADEM Mendoza -  Foro de Mujeres del Mercosur, Delegación Mendoza -  Mujeres en Acción -  Se vienen las Mendocinas -  Colectiva  Las Juanas y las Otras -  Red de Mujeres Pobladoras -  Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Mendoza -  Estudiantes a Universidad Católica de Cuyo (San Rafael) -  Estudiantes de Ciencias Políticas Universidad Nacional de Cuyo -  Centro de Formación “La Quincha” (San Carlos) -  Acción Educativa- Santa Fe -  Asociación Ecuménica de Cuyo -  PEE MARKA¨ZA (Los Andes) -  Agrupación de Mujeres Inmigrantes Warmipura -  Marcha Mundial de Mujeres, MMM Chile – Organización Internacional de las Migraciones -Chile (OIM)

En un primer momento, se desarrollaron el Panel I:“La Trata de personas. Un acercamiento a la problemática en la Región” que estuvo a cargo de la Prof. Mónica Rivero,  de Acción Educativa santa Fe, Coordinadora Regional del Proyecto Fortaleciendo capacidades para la prevención de la trata de personas en la región  MERCOSUR. (Aproximaciones a una mirada regional del delito) y la  Lic. Cecilia Carozzo, de la Fundación Ecuménica de Cuyo (La trata de personas: precisiones y ajustes conceptuales) y el Panel II “La situación de Trata de Personas en zonas fronterizas” a cargo de  la Dra. María Alejandra Naman, Senadora provincial de Mendoza (La situación de la Trata de personas en Mendoza, en tanto zona de Frontera) , la  Lic. Sonia Lahoz i Ubach,  Punto Focal de Trata de Personas de la OIM Chile (Síntesis Informe Exploratorio Chile) y la Lic. Pamela Espinosa P, Directora de la Casa de Acogida Los Andes del  Programa MARKA¨ZA de Chile (La asistencia a víctimas desde los procesos de reparación)

Posteriormente se realizó una intervención artística del Grupo teatral “Se Dice de mi” a cargo de Eliana Arostegui y Luciana Labiano que precedió al trabajo en Comisiones de los participantes y que cerró con un PLENARIO de intercambio de las producciones de las comisiones, de debate de conclusiones y de evaluación de la jornada.

La Radio en Chile, al igual que en el resto del continente latinoamericano, continúa siendo un medio de comunicación fundamental y el más cercano para miles de comunidades y territorios muy diversos. La radio comunitaria, que es la que nos convoca, forma parte de un fenómeno clave para entender las nuevas estrategias de comunicación de los actores sociales locales y globales así como las dimensiones de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Este universo de quehacer comunicacional se ha visto fortalecido y legitimado por diversos procesos políticos que han generado marcos legales propicios y políticas públicas que promueven su desarrollo en el mundo entero.

Asimismo, la creciente descredibilidad de los grandes monopolios comunicacionales, han volcado a la gente, de a poco, a preguntarse por nuevas formas de mediatizar la opinión pública, intervenirla y modificarla.

Chile, en este ámbito, muestra un atraso preocupante que ha motorizado diversas acciones desde las agrupaciones de radios comunitarias y desde la sociedad civil que entienden y luchan por una distribución del espectro radioeléctrico justa y equitativa.

La lucha por una legislación adecuada que reconociera a la comunicación comunitaria, tuvo un pésimo primer paso con el proyecto de ley que emanó del acuerdo Gobierno / Archi / Anarcich, en octubre del 2007 y que se promulgara el año pasado. A casi un año de que la Ley de crea los servicios de Radiodifusión Comunitaria haya sido promulgada (4 de mayo de 2010) aún el ejecutivo no define una reglamentación clara que oriente y concrete los anhelados beneficios esperados por miles de radialistas chilenos, que desde emisoras de alcance local, democratizan la palabra y diversifican las voces que componen la opinión pública.

La Radio comunitaria en Chile hoy vive un período de incertidumbre completa, ya que navega en un limbo legal, donde aún no entra en vigencia la nueva ley, por lo tanto aún no se puede hablar de postulaciones a las nuevas concesiones (la autoridad ha señalado extraoficialmente inicios del 2013 como fecha estimada para los primeros concursos abiertos) y donde ya no existe la categoría de radio de mínima cobertura que desde el año 1994 reguló el funcionamiento de las radios que aspiraban a ser comunitarias. Con el paso de los años, esta última categoría fue copada el lucro de empresas privadas e iglesias poco éticas que usaban un segmento pensado originalmente para las organizaciones de base y sus proyectos radiofónicos.

Esta incertidumbre no solo se justifica por el excesivo retraso en la puesta en vigencia de la ley aprobada, sino en ejes mucho más profundos. La radio comunitaria, al no ser valorada como un ejercicio democrático y colectivo de la expresión humana, no tiene en nuestro país un horizonte de desarrollo, con políticas públicas y un rol del estado que busque potenciarla, protegerla y mantenerla viva.

Qué significa el nuevo marco legal

El nuevo marco legal, que aún no tiene reglamentación ni plazo estimado para su entrada en vigencia, viene a reconocer el ejercicio comunicacional comunitario en la ley chilena, por lo que como primer paso es un avance. Asimismo, el aumento de los años de concesión, de 3 a 10, es un paso que asegura la vida de los proyectos radiales. No obstante las mejoras técnicas como único motor de la reivindicación, dejaron olvidadas materias claves a la hora de entender la radio comunitaria, como lo son el derecho ejercido a la comunicación y la libertad de expresión. Legislar sobre radios comunitarias no es sólo pensar en cuántos watt de potencia tienen las máquinas, sino pensar en la democratización de la palabra, en repartir el espectro radioeléctrico de forma equitativa y pensando en desarrollar y mejorar el libre acceso a la propiedad de los medios.

Lamentablemente, esa dimensión no estuvo presente en la Ley de radio Comunitaria, y finalmente las promesas de mejorar las condiciones técnicas y de eliminar a las empresas del dial comunitario, no se cumplirán. La primera promesa de mejoras de cobertura y altura de antena se cae ya que la propia Subsecretaría de Telecomunicaciones ha declarado que no cuenta con espectro disponible para aumentar las actuales concesiones de un watt a 25 watt, como es el sueño de muchos radialistas.

Cabe recordar que la ley de mínima cobertura permite transmitir hasta un máximo de 1 watt de potencia, con antena a 6 metros de altura, lo que abarcaría en la práctica poco menos de una manzana de alcance. En la realidad, todas las radios de mínima cobertura, tanto comunitarias como comerciales transmiten desde los 50 watt hacia arriba y con antenas por sobre lo establecido, de lo contrario no podrían ni escucharse.

Por ello, la promesa de los 25 watt y 18 metros de antena, que ya era corta para las necesidades reales de la radio comunitaria, se esfuma cuando la autoridad competente en el tema declara que con suerte alcanzaría para 3 radios por comuna, una con 18 watt y las otras dos con 8 watt de potencia… la pregunta surge por sí sola ¿…y las mejoras prometidas…?

Con la legislación anterior, las radios no podían pasar publicidad y además debían renovar la concesión cada 3 años, obligando a las organizaciones a gastar altas sumas para mantener el espacio comunicacional, sin posibilidad de buscar formas de autosustentarse decentemente. La nueva ley aumenta a 10 años la duración de la licencia, lo que es un gran avance, pero como forma de sustento, solo permite pasar “menciones comerciales circunscritas al territorio”, es decir solo de los avisadores del territorio que cubra la radio. Esto no asegura lograr las condiciones económicas básicas para el desarrollo de un medio y lo condena a ser pobre.

Las promesas incumplidas

El nuevo marco legal para radios comunitarias, debía venir a regularizar la situación de cientos de emisoras gestionadas por hombres y mujeres de un determinado territorio con el fin de aportar al desarrollo social y al bienestar de su comunidad. Una nueva ley debía haber entregado las herramientas necesarias para que estas estaciones de radio, dejaran la clandestinidad, el temor de ser descubiertos y pudieran gestionar recursos, recibir subsidios, y contar con una plataforma de promoción y desarrollo para la comunicación comunitaria.

Lo que recibió fue una ley que ofrece mejoras técnicas, con una década de atraso, que no contempla la digitalización del espectro radioeléctrico, que las relega a una banda al final del dial FM generando un ghetto de las emisoras locales, que así no molestan al gran negocio de la radiodifusión comercial.

En síntesis, estas emisoras que reflejan el básico derecho a expresión de los actores sociales, pilar fundamental de la democracia, recibieron una legislación que cautela todo lo que no pueden hacer: Pasar publicidad, hacer cadenas, no sobrepasar un número determinado de watts, etc. Cuando las leyes que rigen los medios de comunicación gestionados por la ciudadanía, no promueven derechos ni protegen un derecho humano, sino que velan por los intereses de ciertos sectores empresariales de los medios masivos, estamos frente a un estado que busca mantener la precariedad en el ámbito de la comunicación comunitaria, frente a una clase política que apuesta por seguir teniendo radios comunitarias pequeñas, pobres y sin capacidad de incidencia.

La persecución a las radios… el caso de Paine

El pasado 9 de noviembre de 2010, efectivos de la PDI allanaron violentamente en Radio Tentación y Radio 24, de la comuna de Paine, ejecutando una orden judicial emanada del fiscal Pedro Pablo Cortéz, del segundo tribunal de garantía de San Bernardo. Fueron decomisados equipos, computadores de un comité de vivienda sin contar que descerrajaron puertas y ventanas de una casa particular.

Este trato vejatorio y criminal para quienes ejercen un derecho humano básico, es producto de la consideración penal que en nuestro país tiene la transmisión sin licencia, es decir operar una estación de radio comunitaria sin contar con la autorización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

El artículo 36 B, letra A, de la Ley General de Telecomunicaciones, ha sido llamado el artículo maldito de las radios comunitarias, ya que impone sanciones que van desde el presidio menor a multas de 300 UTM a quien ocupe el espectro radioeléctrico sin el permiso respectivo.

No todo termina acá, ya que luego de 7 meses, los radialistas involucrados fueron citados a una audiencia de formalización de cargos en el mismo tribunal. De los dos radialistas formalizados, Marcelo Núñez, director de radio Tentación, no aceptó la suspensión del juicio, argumentando su derecho a la libre expresión, el cual se encuentra vulnerado.

Cabe mencionar que la anterior legislación para la operación de radios comunitarias, estaba llena de vicios legales que excluían a las organizaciones sociales y mantenían a cientos de sociedades anónimas que buscaban el lucro ocupando el espacio destinado idealmente para las emisoras comunitarias.

Una vez reglamentada la nueva legislación, al disminuir el espacio asignado para las radios comunitarias, (menos de un 5% de la banda FM), es posible que aumenten las experiencias que deban optar por la transmisión sin licencia, debido a que ninguna organización quiere ver morir su proyecto radial. En estas circunstancias, y con la aplicación sin discriminación del artículo 36 B letra A, es factible que tengamos que acostumbrarnos a ver a hombres y mujeres que hacer radio comunitaria, desfilando por tribunales.

Desafíos de un movimiento de comunicación popular

Durante los últimos años hemos sido testigos de la aparición de múltiples espacios de comunicación e información que da salida a los discursos de movimientos sociales y de actorías locales, frente a un sinfín de justas reivindicaciones: educacionales, medioambientales, de derechos humanos, de pueblos originarios, etc.
Internet, ha posibilitado que los canales de expresión de una ciudadanía disconforme aumenten e inunden las redes sociales.

Asimismo, las posibilidades de armar un blog, podcast o un youtube nos convierten a todos y todas en productores de información, algo completamente nuevo en la sociedad de la información.

La comunicación popular, el ejercicio de expresión hecho desde la resistencia social al modelo económico, la comunicación que surge desde los movimientos sociales, que como primer objetivo pretende informar, contar a los cuatro vientos, de injusticias, de exigencias y de reclamos, enfrenta hoy un desafío que es mayor que contar con la capacidad de producir información, lo que ya es un horizonte complejo. Los movimientos sociales, no sólo deben ser capaces de llegar a los medios masivos, sean éstos alternativos u oficiales, sino que deben entender que la reivindicación por el derecho a la comunicación es una de las demandas más importantes en los tiempos que corren.

La militancia social, requiere hoy en día, reconocer que la necesidad de contar con canales propios de diálogo, de información y debate, es urgente. El cerco mediático existente en contra de las demandas populares, exige que nos hagamos cargo de cuidar, preservar y promover la existencia de medios comunitarios. Ningún movimiento social, se visibilizará en la actual opinión pública si no cuenta con una plataforma mediática, multimedia e interactiva. Es por eso que apostamos por multiplicar la reflexión sobre la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en los diversos frentes de demanda social.

Un ejemplo de ello, es que frente a la discusión del proyecto de TV Digital, nuevamente se ha mencionado el rol de la TV Comunitaria, gestionada por los vecinos y vecinas de una comunidad. Este debate que vuelve a poner conceptos como TV local y Tv educativa, no debe ser sólo de los actores en cuestión, sino de una sociedad completa que se preocupa por los flujos comunicacionales que consume.

Es de esperar que no tenga el mismo destino de persecución y hostigamiento que ha caracterizado a la radio comunitaria estos últimos años. Para esto, es vital contar con un movimiento de comunicación popular, fortalecido, consciente de sus desafíos y con estrategias claras para defender un ejercicio básico de expresión popular, de contrainformación y de reflexión popular de aquellos procesos que los medios masivos se encargan de alejar del debate cotidiano. Junto a ellos, contar con los estudiantes, los trabajadores, los pueblos originarios, los pobladores, los medioambientalistas y todas las comunidades marginalizadas por el actual modelo de desarrollo, sumándose a la demanda por la democratización de las comunicaciones chilenas, comprendiendo que sin una plataforma propia de difusión, los movimientos sociales están condenados al silencio mediático.

*Magister en Comunicación Social, U. Chile. Periodista. Trabaja en el Programa de Comunicación Social de Base de ECO, Educación y Comunicaciones (www.ongeco.) y es editor de la Agencia de Noticias Medio a Medio (www.agenciadenoticias.org). Es representante de Amarc en Chile.

Foto : pachakutik

Por primera vez el programa participa del evento literario más importante del país, donde los visitantes podrán conocer el archivo audiovisual y participar del lanzamiento de la publicación Guías de Capacitación de Memorias del Siglo XX.

A partir del 28 de octubre y hasta el 13 de noviembre se realiza una nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Santiago, que este año tendrá como novedad el Salón del Libro Digital. En ese espacio, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) está invitada a presentar programas en línea que acercan a la comunidad al rescate, preservación y difusión del patrimonio cultural.

Como parte de esta iniciativa se encuentra Memorias del Siglo XX, que estará presente en esta actividad a través de un stand, donde los asistentes podrán disfrutar del archivo audiovisual del programa. Durante las dos semanas que durará este evento, los usuarios tendrán la oportunidad de navegar por el sitio web y conocer más de 150 testimonios recopilados en 10 regiones del país.

Memorias del Siglo XX también participará de las actividades culturales que habitualmente acompañan este encuentro literario. El día lunes 07 de noviembre a las 18:30 hrs. se realizará el lanzamiento de la serie de “Guías de Capacitación”, desarrolladas por el programa con el objetivo de apoyar y fortalecer el trabajo que las bibliotecas públicas y museos realizan junto a sus comunidades en el ámbito de la memoria y el patrimonio local.

Junto al programa también estarán presentes iniciativas culturales y didácticas de la Dibam, entre las que destacan: el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, a través de su programa BiblioRedes; las páginas de los museos Histórico Nacional y de Bellas Artes; Memoria Chilena y algunos de los sitios que ha desarrollado como Chile para Niños y Salas Virtuales; y el portal Zona Didáctica de la Subdirección Nacional de Museos.

Doctor en Historia, docente de la Universidad de Santiago de Chile, director de ECO, Educación y Comunicaciones, el autor de este artículo presenta con toda claridad la naturaleza del actual conflicto estudiantil chileno.

POR MARIO GARCES DURAN

En el verano de 1981, la dictadura de Pinochet dictó una nueva Ley de Universidades, que por una parte, desarticulaba las tradicionales universidades públicas, y por otra, estimulaba la formación de universidades privadas. En el primer caso, las viejas universidades perdían sus sedes provinciales, o eran reestructuradas para dar origen a nuevas casas de estudios y se modificaban también sus formas de gobierno. Pero, junto a estas reformas, se establecía un sistema arancelario para el conjunto del sistema. Desaparecía de este modo la gratuidad y las formas de arancel diferenciado que existían en Chile (pagar de acuerdo a los ingresos familiares). Los estudiantes que accedían a la Universidad, rindiendo una prueba de ingreso y que carecían de recursos para estudiar, podrían solicitar al Estado un “crédito universitario”, que comenzarían a pagar una vez terminados sus estudios. En el caso de las universidades privadas, que por ley no deberían tener “fines de lucro” (ley que todos los chilenos reconocen que no se aplica) tuvieron un desarrollo gradual al principio y explosivo en las últimas décadas. Los estudiantes que ingresaban a las universidades privadas no tendrían las exigencias de puntaje en la prueba de ingreso como las públicas, pero no contarían con crédito universitario, de tal modo que pagarían sus familias. Pero, en la medida en que crecieron las universidades privadas y sus postulantes, también crecieron los aranceles (entre US $ 300 y 1.200 mensuales paga un estudiante chileno, según la carrera escogida; de menor costo las humanistas y de más alto, las ingenierías y medicina). Entonces, bajo el gobierno del presidente Lagos, ya en democracia, se creó un sistema de préstamos en la banca privada con “aval del Estado”. El “negocio” de la Educación Superior parecía navegar viento en popa.

Si esto ocurría con la Educación Superior, con la Educación Básica y Media, el Estado también comenzó a desembarazarse de sus antiguas responsabilidades republicanas, mediante dos caminos, por una parte, reconocer y estimular el desarrollo de colegios a cargo de “sostenedores”, es decir de privados que fundan un colegio y el Estado les asigna una subvención por estudiante. Estas nuevas instituciones privadas, pero que operan con fondos del Estado, pueden tener fines de lucro, y además, de nuevo en democracia, se les autorizó para que implementaran un sistema de “financiamiento compartido” (es decir, a la subvención que el Estado realiza por estudiante, se podría sumar un aporte adicional de los padres). Por otra parte, allí donde no surgiera la iniciativa privada el Estado se haría cargo de la educación de niños y adolescentes, de manera descentralizada, a través de los municipios, los que crearían “corporaciones” para estos fines. Hacia 2011, del 100% de escolares chilenos, un 40% estudia en colegios municipalizados, un 51% en colegios subvencionados (el de los sostenedores) y un 7% en colegios privados. Lo interesante, al revisar la evolución de la matrícula, es que en los últimos diez años, el sector que más crece es el de los sostenedores (saltaron de un 36% de la matrícula en 2001 al 51% en 2011). O sea, en la educación básica y media, el negocio de la educación también parecía navegar viento en popa.

Sin embargo, el sistema educativo chileno, regido más por las leyes del mercado que por leyes republicanas, comenzó a evidenciar problemas; entre otros, y el más estructural de todos, se constituyó en un sistema de reproducción sistémica de las desigualdades (a mayor pago por los estudios, mayor garantía de éxito); el endeudamiento creciente de las familias, sobre todo de la clase media, que debían solventar los costos de los crecidos aranceles; pero también, comenzó a evidenciar problemas relativos a la calidad educativa.

En contra de este sistema de generación de desigualdades, de endeudamiento familiar y de reprobada calidad en sus rendimientos, se han movilizado los estudiantes chilenos. A principios del 2000, los secundarios tomaron las calles e interpelaron al presidente Lagos en un movimiento denominado “mochilazo” (iniciaron el movimiento demandando regularizar el “pase escolar”). Luego, en 2006, volvieron a las calles y se tomaron sus colegios a lo largo del país, en lo que los medios de comunicación denominaron la “revolución pingüina”. Entonces, pusieron en jaque a la presidente Bachelet y provocaron la renuncia del ministro de Educación. Los estudiantes secundarios, mediante sus movilizaciones hicieron posible que se modificará parcialmente la LOCE (ley general “orgánica” de educación promulgada por Pinochet poco antes de dejar el poder). A pesar de estos logros, el movimiento de los secundarios de 2006 fue cooptado y más bien atrapado en los pasillos de la casa de gobierno y en los intersticios institucionales. Bachelet formó una Comisión de expertos con débil participación de los estudiantes, cuyo resultado fue la LGE, una versión mejorada de la antigua ley de educación, pero que no modificó los asuntos relativos a la externalización (sostenedores) ni al lucro (universidades privadas).

Los universitarios, por su parte, desde los años 90 han protagonizado también diversas movilizaciones (petitorios, marchas, paros, tomas de Universidades), pero sin la masividad ni el impacto que alcanzaron los secundarios en 2006. Sin embargo, este invierno de 2011, en que se han unido secundarios y universitarios, la situación es distinta. Se han sucedido las marchas, que fueron sumando adherentes, tanto entre los propios estudiantes, como entre los profesores de educación media y universitarios, trabajadores en conflictos sectoriales (los subcontratados del cobre), empleados públicos, etc. La primera marcha sumó 20 mil participantes a mediados de mayo; a fines de junio llegaron a 120 mil, según la policía, a 200 mil, según los organizadores; y, en el peak , a mediados de agosto, se reunieron 700 mil personas en el Parque O´Higgins, de Santiago.

Las demandas de los estudiantes, si bien han evolucionado, cuando ya se suman cuatro meses de movilizaciones, se han concentrado en la exigencia de poner “fin al lucro”; educación gratuita; desmunicipalización; aporte basal serio y real a las Universidades Públicas. En pocas palabras: responsabilidad social del Estado para garantizar el derecho a la educación.

Las respuestas del gobierno, hasta ahora, como sabiamente calificó la dirigente de la FECH, Camila Vallejos, han sido “ideológicas”, es decir mejoras dentro del mismo sistema regido por el mercado (una superintendencia que fiscalice y regule la calidad; una baja en la tasa de interés de los créditos; desmunicipalización gradual; aporte basal no precisado a las universidades públicas, etc.).

Es difícil predecir el resultado de la movilización estudiantil, ya que lo que está en disputa son dos concepciones acerca del papel del Estado y del mercado con relación a la educación. Pero, el movimiento estudiantil ha gavillado, con sus movilizaciones, una crisis política, que ha hecho visible el descreimiento en la capacidad de la actual “clase política” chilena para encontrar una salida al conflicto.