Entre el limbo de no tener ley y la persecución judicial
Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación – AMARC ALC – Juan Ortega Fuentes*
La Radio en Chile, al igual que en el resto del continente latinoamericano, continúa siendo un medio de comunicación fundamental y el más cercano para miles de comunidades y territorios muy diversos. La radio comunitaria, que es la que nos convoca, forma parte de un fenómeno clave para entender las nuevas estrategias de comunicación de los actores sociales locales y globales así como las dimensiones de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Este universo de quehacer comunicacional se ha visto fortalecido y legitimado por diversos procesos políticos que han generado marcos legales propicios y políticas públicas que promueven su desarrollo en el mundo entero.
Asimismo, la creciente descredibilidad de los grandes monopolios comunicacionales, han volcado a la gente, de a poco, a preguntarse por nuevas formas de mediatizar la opinión pública, intervenirla y modificarla.
Chile, en este ámbito, muestra un atraso preocupante que ha motorizado diversas acciones desde las agrupaciones de radios comunitarias y desde la sociedad civil que entienden y luchan por una distribución del espectro radioeléctrico justa y equitativa.
La lucha por una legislación adecuada que reconociera a la comunicación comunitaria, tuvo un pésimo primer paso con el proyecto de ley que emanó del acuerdo Gobierno / Archi / Anarcich, en octubre del 2007 y que se promulgara el año pasado. A casi un año de que la Ley de crea los servicios de Radiodifusión Comunitaria haya sido promulgada (4 de mayo de 2010) aún el ejecutivo no define una reglamentación clara que oriente y concrete los anhelados beneficios esperados por miles de radialistas chilenos, que desde emisoras de alcance local, democratizan la palabra y diversifican las voces que componen la opinión pública.
La Radio comunitaria en Chile hoy vive un período de incertidumbre completa, ya que navega en un limbo legal, donde aún no entra en vigencia la nueva ley, por lo tanto aún no se puede hablar de postulaciones a las nuevas concesiones (la autoridad ha señalado extraoficialmente inicios del 2013 como fecha estimada para los primeros concursos abiertos) y donde ya no existe la categoría de radio de mínima cobertura que desde el año 1994 reguló el funcionamiento de las radios que aspiraban a ser comunitarias. Con el paso de los años, esta última categoría fue copada el lucro de empresas privadas e iglesias poco éticas que usaban un segmento pensado originalmente para las organizaciones de base y sus proyectos radiofónicos.
Esta incertidumbre no solo se justifica por el excesivo retraso en la puesta en vigencia de la ley aprobada, sino en ejes mucho más profundos. La radio comunitaria, al no ser valorada como un ejercicio democrático y colectivo de la expresión humana, no tiene en nuestro país un horizonte de desarrollo, con políticas públicas y un rol del estado que busque potenciarla, protegerla y mantenerla viva.
Qué significa el nuevo marco legal
El nuevo marco legal, que aún no tiene reglamentación ni plazo estimado para su entrada en vigencia, viene a reconocer el ejercicio comunicacional comunitario en la ley chilena, por lo que como primer paso es un avance. Asimismo, el aumento de los años de concesión, de 3 a 10, es un paso que asegura la vida de los proyectos radiales. No obstante las mejoras técnicas como único motor de la reivindicación, dejaron olvidadas materias claves a la hora de entender la radio comunitaria, como lo son el derecho ejercido a la comunicación y la libertad de expresión. Legislar sobre radios comunitarias no es sólo pensar en cuántos watt de potencia tienen las máquinas, sino pensar en la democratización de la palabra, en repartir el espectro radioeléctrico de forma equitativa y pensando en desarrollar y mejorar el libre acceso a la propiedad de los medios.
Lamentablemente, esa dimensión no estuvo presente en la Ley de radio Comunitaria, y finalmente las promesas de mejorar las condiciones técnicas y de eliminar a las empresas del dial comunitario, no se cumplirán. La primera promesa de mejoras de cobertura y altura de antena se cae ya que la propia Subsecretaría de Telecomunicaciones ha declarado que no cuenta con espectro disponible para aumentar las actuales concesiones de un watt a 25 watt, como es el sueño de muchos radialistas.
Cabe recordar que la ley de mínima cobertura permite transmitir hasta un máximo de 1 watt de potencia, con antena a 6 metros de altura, lo que abarcaría en la práctica poco menos de una manzana de alcance. En la realidad, todas las radios de mínima cobertura, tanto comunitarias como comerciales transmiten desde los 50 watt hacia arriba y con antenas por sobre lo establecido, de lo contrario no podrían ni escucharse.
Por ello, la promesa de los 25 watt y 18 metros de antena, que ya era corta para las necesidades reales de la radio comunitaria, se esfuma cuando la autoridad competente en el tema declara que con suerte alcanzaría para 3 radios por comuna, una con 18 watt y las otras dos con 8 watt de potencia… la pregunta surge por sí sola ¿…y las mejoras prometidas…?
Con la legislación anterior, las radios no podían pasar publicidad y además debían renovar la concesión cada 3 años, obligando a las organizaciones a gastar altas sumas para mantener el espacio comunicacional, sin posibilidad de buscar formas de autosustentarse decentemente. La nueva ley aumenta a 10 años la duración de la licencia, lo que es un gran avance, pero como forma de sustento, solo permite pasar “menciones comerciales circunscritas al territorio”, es decir solo de los avisadores del territorio que cubra la radio. Esto no asegura lograr las condiciones económicas básicas para el desarrollo de un medio y lo condena a ser pobre.
Las promesas incumplidas
El nuevo marco legal para radios comunitarias, debía venir a regularizar la situación de cientos de emisoras gestionadas por hombres y mujeres de un determinado territorio con el fin de aportar al desarrollo social y al bienestar de su comunidad. Una nueva ley debía haber entregado las herramientas necesarias para que estas estaciones de radio, dejaran la clandestinidad, el temor de ser descubiertos y pudieran gestionar recursos, recibir subsidios, y contar con una plataforma de promoción y desarrollo para la comunicación comunitaria.
Lo que recibió fue una ley que ofrece mejoras técnicas, con una década de atraso, que no contempla la digitalización del espectro radioeléctrico, que las relega a una banda al final del dial FM generando un ghetto de las emisoras locales, que así no molestan al gran negocio de la radiodifusión comercial.
En síntesis, estas emisoras que reflejan el básico derecho a expresión de los actores sociales, pilar fundamental de la democracia, recibieron una legislación que cautela todo lo que no pueden hacer: Pasar publicidad, hacer cadenas, no sobrepasar un número determinado de watts, etc. Cuando las leyes que rigen los medios de comunicación gestionados por la ciudadanía, no promueven derechos ni protegen un derecho humano, sino que velan por los intereses de ciertos sectores empresariales de los medios masivos, estamos frente a un estado que busca mantener la precariedad en el ámbito de la comunicación comunitaria, frente a una clase política que apuesta por seguir teniendo radios comunitarias pequeñas, pobres y sin capacidad de incidencia.
La persecución a las radios… el caso de Paine
El pasado 9 de noviembre de 2010, efectivos de la PDI allanaron violentamente en Radio Tentación y Radio 24, de la comuna de Paine, ejecutando una orden judicial emanada del fiscal Pedro Pablo Cortéz, del segundo tribunal de garantía de San Bernardo. Fueron decomisados equipos, computadores de un comité de vivienda sin contar que descerrajaron puertas y ventanas de una casa particular.
Este trato vejatorio y criminal para quienes ejercen un derecho humano básico, es producto de la consideración penal que en nuestro país tiene la transmisión sin licencia, es decir operar una estación de radio comunitaria sin contar con la autorización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
El artículo 36 B, letra A, de la Ley General de Telecomunicaciones, ha sido llamado el artículo maldito de las radios comunitarias, ya que impone sanciones que van desde el presidio menor a multas de 300 UTM a quien ocupe el espectro radioeléctrico sin el permiso respectivo.
No todo termina acá, ya que luego de 7 meses, los radialistas involucrados fueron citados a una audiencia de formalización de cargos en el mismo tribunal. De los dos radialistas formalizados, Marcelo Núñez, director de radio Tentación, no aceptó la suspensión del juicio, argumentando su derecho a la libre expresión, el cual se encuentra vulnerado.
Cabe mencionar que la anterior legislación para la operación de radios comunitarias, estaba llena de vicios legales que excluían a las organizaciones sociales y mantenían a cientos de sociedades anónimas que buscaban el lucro ocupando el espacio destinado idealmente para las emisoras comunitarias.
Una vez reglamentada la nueva legislación, al disminuir el espacio asignado para las radios comunitarias, (menos de un 5% de la banda FM), es posible que aumenten las experiencias que deban optar por la transmisión sin licencia, debido a que ninguna organización quiere ver morir su proyecto radial. En estas circunstancias, y con la aplicación sin discriminación del artículo 36 B letra A, es factible que tengamos que acostumbrarnos a ver a hombres y mujeres que hacer radio comunitaria, desfilando por tribunales.
Desafíos de un movimiento de comunicación popular
Durante los últimos años hemos sido testigos de la aparición de múltiples espacios de comunicación e información que da salida a los discursos de movimientos sociales y de actorías locales, frente a un sinfín de justas reivindicaciones: educacionales, medioambientales, de derechos humanos, de pueblos originarios, etc.
Internet, ha posibilitado que los canales de expresión de una ciudadanía disconforme aumenten e inunden las redes sociales.
Asimismo, las posibilidades de armar un blog, podcast o un youtube nos convierten a todos y todas en productores de información, algo completamente nuevo en la sociedad de la información.
La comunicación popular, el ejercicio de expresión hecho desde la resistencia social al modelo económico, la comunicación que surge desde los movimientos sociales, que como primer objetivo pretende informar, contar a los cuatro vientos, de injusticias, de exigencias y de reclamos, enfrenta hoy un desafío que es mayor que contar con la capacidad de producir información, lo que ya es un horizonte complejo. Los movimientos sociales, no sólo deben ser capaces de llegar a los medios masivos, sean éstos alternativos u oficiales, sino que deben entender que la reivindicación por el derecho a la comunicación es una de las demandas más importantes en los tiempos que corren.
La militancia social, requiere hoy en día, reconocer que la necesidad de contar con canales propios de diálogo, de información y debate, es urgente. El cerco mediático existente en contra de las demandas populares, exige que nos hagamos cargo de cuidar, preservar y promover la existencia de medios comunitarios. Ningún movimiento social, se visibilizará en la actual opinión pública si no cuenta con una plataforma mediática, multimedia e interactiva. Es por eso que apostamos por multiplicar la reflexión sobre la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en los diversos frentes de demanda social.
Un ejemplo de ello, es que frente a la discusión del proyecto de TV Digital, nuevamente se ha mencionado el rol de la TV Comunitaria, gestionada por los vecinos y vecinas de una comunidad. Este debate que vuelve a poner conceptos como TV local y Tv educativa, no debe ser sólo de los actores en cuestión, sino de una sociedad completa que se preocupa por los flujos comunicacionales que consume.
Es de esperar que no tenga el mismo destino de persecución y hostigamiento que ha caracterizado a la radio comunitaria estos últimos años. Para esto, es vital contar con un movimiento de comunicación popular, fortalecido, consciente de sus desafíos y con estrategias claras para defender un ejercicio básico de expresión popular, de contrainformación y de reflexión popular de aquellos procesos que los medios masivos se encargan de alejar del debate cotidiano. Junto a ellos, contar con los estudiantes, los trabajadores, los pueblos originarios, los pobladores, los medioambientalistas y todas las comunidades marginalizadas por el actual modelo de desarrollo, sumándose a la demanda por la democratización de las comunicaciones chilenas, comprendiendo que sin una plataforma propia de difusión, los movimientos sociales están condenados al silencio mediático.
*Magister en Comunicación Social, U. Chile. Periodista. Trabaja en el Programa de Comunicación Social de Base de ECO, Educación y Comunicaciones (www.ongeco.) y es editor de la Agencia de Noticias Medio a Medio (www.agenciadenoticias.org). Es representante de Amarc en Chile.
Foto : pachakutik
